¿Qué diría la CIDH si nos visitara ahora?

Hace exactamente veintinueve años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina, tras recibir graves denuncias sobre lo que estaba sucediendo en el país. En el informe posterior, la CIDH concluyó que por acción u omisión de las autoridades públicas, en el período comprendido entre 1975 y 1979, se violaron derechos establecidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Hoy, a casi tres décadas de aquella visita, las cosas cambiaron en apariencia. Después de años de haber reducido, al menos en el imaginario popular, los derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar; los argentinos afrontamos otro doloroso retrato.

La pobreza, una indiscutible violación a los derechos humanos

Según las cuestionables cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cerca de ocho millones de personas son pobres en la Argentina y, dentro de ese gran conjunto, dos millones son indigentes. Estos resultados se calcularon a partir de una inusual metodología que, en vez de incluir los períodos semestrales enero-junio y julio-diciembre, comprendió el período octubre-marzo.

El cálculo es lógico. Si las cifras son reales y no sufrieron ningún tipo de maquillaje por parte del instituto, la taza de pobreza es del 20.6 por ciento mientras que la de indigencia se ubicó en 5.9 por ciento. Cabe destacar, que los datos surgen de un promedio nacional y que el pico más agudo se encuentra en la zona del noreste del país, donde el 37 por ciento de la población es pobre y el 13.6 es indigente.

“Educarse es ser simplemente hombre libre”, Domingo Faustino Sarmiento

Un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, da cuenta de la gran deuda en materia educativa del país. Según el CIPPEC, más de 720 mil chicos quedaron fuera del sistema escolar, mientras que 730 mil, mayores de quince años, no saben leer ni escribir.

Tan sólo en la provincia de Buenos Aires, el índice de deserción escolar creció un 130 por ciento en los últimos seis años, según publicó un relevamiento realizado por la Dirección de Informática y planeamiento Educativo bonaerense.

Mientras que el gobierno de Cristina Fernández, sucesor del de su marido Néstor Kirchner, se vanagloria con los auto conceptuados avances en materia de derechos humanos en el país; el ocho por ciento de la población no tiene acceso al conocimiento.

El trabajo es dignidad

Según datos estimados por el INDEC, la población económica activa del país asciende a 18.483.198 argentinos. De ese total, el 8.4 por ciento (léase 1.552.588 ciudadanos) es desempleado y el 4.92 por ciento trabaja en condiciones precarias. Esto quiere decir que el 13.32 por ciento de los argentinos activos no pueden ejercer su derecho al trabajo digno y remunerado.

Las cifras toman importancia si uno las compara con las de otros países. En Suecia, por ejemplo, el índice oficial de desempleo es del 5.4 por ciento, un equivalente a 250 mil personas.

Sin ahondar en el estado de la salud pública de la Argentina, ni en tantos otros derechos violados, queda claro que si la CIDH regresara al país le remarcaría al matrimonio presidencial sus no tan gloriosos avances en materia de Derechos Humanos.

Por Manuela Fernández Mendy