Armas en manos de civiles

TIEMPOS VIOLENTOS

La propagación de armas en la sociedad civil creció al ritmo de la inseguridad. El papel del estado frente a este fenómeno y la opinión de especialistas. Por qué los ciudadanos deciden armarse y los riesgos que esto implica. ASI NO investigó más sobre el flagelo que afectó a nuestra sociedad en los últimos tiempos. Aquí, el informe.

Las noticias con hechos de violencia invaden día a día las páginas de los diarios, las pantallas de los televisores y el aire de las radios. Quizás la frecuencia con la que aparecen en los medios y el acostumbramiento del público, contribuyan para que éstas pasen desapercibidas. En definitiva, ya no extraña leer e incluso ver escenas sangrientas en donde las vidas se escurren con el sólo accionar de un gatillo.

De acuerdo al Registro Nacional de Armas (Renar), las armas de fuego constituyen en Argentina la segunda causa de muerte y en la Ciudad de Buenos Aires durante el 2004 superaron a las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Si, además, se tiene en cuenta que las cifras señalan que por día existe una persona muerta y dos heridas por la presencia de éstas, sin dudas, estamos frente a un caso que necesita atención.

Las cifras son contundentes, ya en el año 2004, en Argentina había 1.123.059 armas oficialmente registradas por particulares en todo el país, y 624.735 individuos registrados como “legítimos usuarios”, inscriptos como poseedores de armas. Un estudio de victimización realizado por la Dirección Nacional de Política Criminal estima que en la Argentina hay un arma cada dos hogares.

Pero, remontándonos a los orígenes de este problema, ¿Cuándo fue que el ciudadano común decidió armarse? Para la Licenciada Victoria Darraidou, miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD), esto tiene su origen en la sensación de inseguridad de los últimos tiempos. “Desde la segunda mitad de la década del ‘90 hubo un aumento de los delitos y hay desconfianza hacia las instituciones de gobierno como la Policía y la Justicia”, explica.

La presidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura porteña Silvia La Ruffa opina que “se ha construido un discurso que sólo gira en entorno a la utilización de la violencia o la fuerza como estrategias efectivas de la lucha contra la inseguridad”. Por su parte, Diego Poretti, miembro fundador e integrante de RAD, señala que no se puede limitar a una sola causa. Para él, es “una conexión que se produce entre distintos puntos causales”. Entre ellos –enumera- la socialización de “la cultura del miedo”, productora de un “mercado del miedo”, donde los vecinos “aterrados” salen a adquirir armas de fuego. “Tanto el incremento de hechos de violencia, como la inacción del Estado en cuestión de políticas públicas de seguridad ciudadana, han determinado que muchos vecinos opten por armarse”, explica quien además es asesor de la Dirección Provincial de Seguridad Comunitaria en La Casa del Sur de Santa Fe.

El punto de vista de una especialista ayuda a comprende mejor qué lleva a un ciudadano a adquirir un armas. “Las personas recurren a armarse porque ya no hay institución que las proteja. Es un fenómeno de esta época, el que tiene que proteger definitivamente no lo hace. La inseguridad y la impotencia ante la violencia hace que una persona llegue a tener un arma sin recapacitar demasiado sobre el peligro que ello implica”, opina la psicóloga Lucía Martins, quien además señala que el hecho de tener un arma tiene que ver con “la búsqueda del poder”. “Sin ir más lejos” –expone– “los casos de los chicos que cometieron delitos en las escuelas eran jóvenes que se sentían frustrados en la vida y poseer un instrumento fabricado para matar los pone en un nivel superior frente a los otros”.

Jorge Zunino, un abogado de 57 años, tiene en su poder cuatro rifles de “caza mayor”, 2 calibre 22 “para caza menor” y dos revólveres con los que practica tiro al blanco, deporte que ejercita desde los 12 años. Además de la práctica deportiva, Zunino se muestra a favor de la defensa personal: “Si a mí no me defiende nadie, me tengo que defender yo”, dice y deja ver la tranquilidad que esto le brinda: “A mí la tenencia de armas me ha sosegado mucho. Mucho más que si no las tuviera”, dice el abogado. Esta sensación parece transmitirse en el hogar. Su hija Ana Clara, de 19 años, reconoce no tener miedo de convivir con las armas de fuego de su padre. “Desde chica me crié con ellas y para mí es algo normal”, explica y agrega: “Yo me siento más segura con mi papá armado”.

Una encuesta realizada por la Asociación para las Políticas Públicas (APP) acerca del por qué de la tenencia de armas en los hogares argentinos, arroja los siguientes datos: El 38% de los encuestados aludió a “prevención o protección personal”, el 26% respondió que el arma “pertenece a la policía o a fuerzas de seguridad”, el 12% “para cazar”, el 10% “por colección”, el 6% se refirió a que “ya estaban en la casa” (es decir, son heredadas) y por último, el 5% manifestó que las tiene “para práctica de tiro al blanco como deporte”.

Se podría decir, entonces, que el aumento de armamentos en manos de civiles creció al ritmo de la sensación de inseguridad. En Capital y Gran Buenos Aires, casi el 40 por ciento de los poseedores de armas admiten que se armaron para protegerse de los delitos. Pero las mismas cifras revelan la consecuencia que acarrean: las armas de fuego causaron 31.412 muertes en la Argentina entre 1997 y 2005. El número esta compuesto por 20.752 homicidios, 8.438 suicidios y 2.222 accidentes. Existe aquí un dato revelador: durante el último año, cada dos días una persona perdió la vida por causas no delictivas. Pasando en limpio, la mayor parte de los homicidios no se producen en ocasión de robo, lo cual refleja los riesgos de este fenómeno.

“Tener un arma en el hogar, no brinda ningún servicio y sólo aumentan enormemente las posibilidades de sufrir accidentes o que termine en manos de un delincuente”, coincide Adrián Marcenac, padre de Alfredo, joven asesinado en Belgrano.

Crímenes y tenencia de armas

El 16 enero de 2003, Marcos Schenone se encontraba en un remis Ford Galaxi junto a dos chicas y su amigo Gustavo cuando se dio cuenta que una camioneta 4x4 los seguía. Dentro de esta camioneta se encontraba Horacio Conzi, empresario y dueño del restaurante Dallas. Catorce disparos ejecutó el arma de Conzi, tres de ellos entraron por la espalda de Marcos y acabaron con su vida.

“Masacre en una escuela”, así titulaban los diarios. En un escuela media de Carmen de Patagones, provincia de Chubut, Junior, un alumno de 15 años, -hijo de un integrante de la Prefectura Naval- mató a tres compañeros e hirió a otros cinco con el arma de su padre, una pistola calibre 9 milímetros, en septiembre de 2004.

Los hermanos Andrés y Pablo Piccioli, de 22 y 18 años respectivamente, volvían a su casa en el barrio de Palermo, desde el country Indio Cuá, ubicado sobre la ruta 6 en la localidad de Exaltación de la Cruz. Cuando estaban llegando al peaje del kilómetro 37, tuvieron un roce con otro vehiculo. Unos metros más adelante, los hermanos Piccioli se bajaron del coche para increpar al otro conductor. Luego de discutir, el hombre –Edgardo Petrocchi (57) empleado comercial de la agencia de seguridad Watchman SRL– sacó un arma y disparó contra Pablo, quien murió camino al hospital. El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2005.

Un balazo en la cabeza y dos en el pecho recibió Alfredo Marcenac, un joven de 18 años oriundo de Necochea, mientras caminaba junto a dos amigos por la Avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano. El 6 julio de 2006, Martín Ríos antes de llegar a la esquina se paró y sacó de entre sus ropas una pistola y comenzó a disparar a mansalva contra la gente que se encontraba caminando sobre la avenida desde la calle Pampa hacia José Hernández. Alfredo murió mientras lo operaban en el Hospital Pirovano, sus amigos y otros transeúntes resultaron heridos.

Estos son sólo algunos casos de la infinita lista de hechos en los que las armas de fuego cobran un rol protagónico. En un segundo, en un simple movimiento de un dedo contra el gatillo, las vidas se desvanecen. Después de la muerte de Pablo Piccioli, el Ministerio del Interior a cargo de Aníbal Fernández informó la pronta implementación a nivel nacional de un “plan canje” de armas por alimentos. Un hecho similar al realizado en Mendoza en 2001 bajo el gobierno del radical Roberto Iglesias.

La reacción del Estado

Durante los últimos años, los cambios y mejoras en políticas de control de armas se produjeron como resultado de la conjunción de varios factores. Entre ellos, la instalación de la inseguridad en la opinión pública y la lucha por mejoras en la política de control sobre la tenencia de armas llevada a cabo por varias organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas. Así fue como en noviembre de 2004, se creó la Red Argentina para el desarme (RAD), que junto con el Ministerio del Interior, impulsó la Ley del Desarme. “Los gobiernos anteriores al de Néstor Kirchner no hicieron nada y este tampoco hubiese hecho ningún cambio si no ocurría el cruel asesinato de mi hijo Alfredo”, enfatiza Adrián Marcenac.

Entre las acciones realizadas por el gobierno en este sentido, se destaca el lanzamiento de un plan de “Nuevas Políticas de Control de Armas” en agosto de 2006, por la cual se transfirió el organismo de control, el Registro Nacional de Armas, de la órbita del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. En diciembre de 2006, se sancionó la Ley 26.216 que declaraba la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, exportación y transporte, entre otras acciones, de armas.

Asimismo, los requisitos para acceder legalmente a un arma se hicieron más estrictos. Se comenzó a implementar un Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que aún sigue vigente e invita a la sociedad a canjear, de manera anónima, todo tipo de armas (sean legales o no) a cambio de un incentivo económico que va de los 100 a los 450 pesos, dependiendo del calibre y de las características de cada unidad. La entrega es anónima, por lo tanto quien entregue armas o municiones no deberá presentar ninguna identificación ni especificar cómo las obtuvo. Además, la entrega no conlleva consecuencias legales, ya que los poseedores quedarán amnistiados por la tenencia de un arma ilegal y se condonarán las deudas que los usuarios legítimos registren en el Renar.

Según el Registro Nacional de Armas (RENAR), en el Programa Basta de armas, que comenzó en julio del año pasado, se entregaron más de 95 mil armas que fueron inutilizadas y luego destruidas. “En lo que va del año, ya hemos recolectado aproximadamente poco más de 500 armas, sumado a lo del año pasado ya van más de 1.500 armas. Lo cual nos sorprende y nos da un muy buen panorama para continuar y para finalizar el año con un buen número”, comenta el director de Seguridad Ciudadana del Partido de Morón, Sebastián Sánchez. También señala que en la boca de recepción móvil, alojada en la calle Casullo 320, se recibieron armas “de todo calibre, pero en especial pistolas, revólveres y carabinas”.

Silvia La Ruffa considera que la estrategia del desarme voluntario es una “política pública de probada eficacia”. “Pero es fundamental una campaña de concientización permanente a través de las escuelas, los servicios públicos de salud, la publicidad en la vía pública y en los medios de comunicación”, dice. Por su parte, uno de los impulsores del proyecto, Adrián Marcenac, expone su opinión: “Apoyamos firmemente el programa de entregas de armas porque creemos que es el primer paso, pequeño pero fundamental, en las políticas de armas en el país”.

Desde la página Web Full Aventura, se puede leer a través de una nota de opinión la postura de Ricardo Río, Licenciado en Deportología y vocero del FORO por una Argentina sin armas ilegales. “Los legítimos usuarios estamos totalmente de acuerdo en que se retiren las armas a todos aquellos que se encuentran fuera del marco de la legislación y solicitamos al Estado la protección para quienes cumplimos con todas las disposiciones legales para su tenencia y portación”, escribe.
El Foro Por una Argentina sin armas ilegales está integrado por la Cámara Argentina de Caza y Pesca (CACYP), la Federación Argentina de Tiro, la Federación de Cazadores deportivos de Buenos Aires, la Asociación de instructores de Tiro de la República Argentina, Safari Club Internacional, la Asociación de industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de productos de fauna silvestre y sus derivados y la Federación Argentina de Caza Mayor.

Para algunos el desarme debe ser total, para otros, como el caso de los integrantes del FORO, sólo deben sacarse de circulación aquellas armas que estén en manera irregular. Pese a conocer las cifras, el fervor de los fanáticos del tiro y la caza no disminuye. “Hay que romper con el mito de que todos aquellos que tenemos armas somos personas violentas. Las cifras indican que la participación de legítimos usuarios de armas en hechos violentos o delictivos, es prácticamente nula”, explicaba en una entrevista Ricardo Río.

Para la legisladora La Ruffa, la clave para que los programas de desarme voluntario funcionen es “no entrar en el debate filosófico sobre la legalidad de permitir la tenencia de armas en manos de la sociedad civil. Si logramos desalentar el uso de armas, la utilización con fines deportivos será una excepcionalidad”.

Un error fatal

Una vez instalado en la opinión pública el debate sobre la tenencia de armas en manos de la sociedad civil surge un nuevo debate: la legalidad y la ilegalidad de las armas. Junto con la ola de cambios en lo que a políticas de control de armas de fuego refiere, se pasaba de poder adquirir un armamento con la simple muestra de una cedula de identidad a tener que cumplir con una serie de requisitos impuestos por el Renar como ser un certificado psicofísico firmado por un profesional y averiguación de antecedentes penales.

Si bien, en un primer momento el anuncio de los cambios parecía ser más riguroso a la hora de catalogar como apto a una persona, con el correr de los días comenzó a mostrar sus falencias. El arma empleada por Conzi, Junior, Petrocchi y Ríos, eran legitimas. En todos estos casos, el Estado daba fe que el usuario en cuestión estaba “apto tanto física como psíquicamente” para portar un arma. “El asesino de Alfredo Marcenac era un legitimo usuario con una constancia psicofísica firmada por un kinesiólogo y hoy está en el neuropsiquiátrico Borda”, resalta Darraidou.

A partir de estos casos, la figura de portador de armas legales también se pone bajo la lupa. La opinión de uno de los miembros del FORO y director de la Cámara Argentina de Caza y Pesca, Guillermo César Muttoni, sirve para comprender la postura de los “usuarios legítimos”. “Cabe señalar que dejando de lado los escasos o contados hechos delictivos cometidos por usuarios legalmente inscriptos, Argentina es un país donde las armas en manos de ciudadanos honestos no ha sido motivo de preocupación social alguna por cuanto sus poseedores han sido considerados personas confiables”, declara.

Para Poretti, los nuevos requisitos para adquirir la credencial de legítimo usuario no son suficientes para garantizar que quienes empleen las armas no sean personas inestables, como ocurrió con los casos antes mencionados. “Hoy por hoy la tenencia es cada 5 años. Pensar que en un minuto se puede perder la cordura a partir de un evento o trauma emocional no deseable. Esto hace que sea imposible garantizar la estabilidad de una persona”, explica y denuncia: “Si bien se mejoraron ciertos aspectos, no hay que olvidar que cuando se colocan más barreras, somos especialistas en aprender rápidamente a saltearlas, por ello, la modificación en ciertas reglas requiere más control, y en ese sentido el Renar aun se muestra incapacitado”.

Posibles soluciones

“Los cambios de visión de una sociedad sobre cualquier tema, necesitan del trabajo sostenido y firme durante años. Por esto, nosotros apostamos fundamentalmente a trabajar con la educación, porque desde allí se podrán lograr cambios en el mediano y largo plazo hacia una sociedad más comprometida con el cuidado de la vida y el rechazo de la violencia”, expone Marcenac y concluye: “La seguridad es una cuestión comunitaria y de esa manera se deben buscar las soluciones. Jamás en forma individual y mucho menos armándose”.

“No hay soluciones mágicas, lo que sí existen son medidas que unidas y conglomeradas pueden aplacar la idea de la tenencia. En este sentido el desarme civil tal cual es el proceso que estamos viviendo actualmente los argentinos es una de ellas. Las acciones sensibilizatorias también lo son, y por supuesto un marco legal que acompañe esta dinámica”, sostiene Diego Poretti.

Detrás de todo el tema armas, existe un trasfondo que dificulta todo tipo de acciones para combatirlo: El negocio de las armas comprende una compleja estructura rentable. Así también, mientras el sistema argentino de control de armas y municiones continúe presentando debilidades, seguirá brindando oportunidades a cualquier persona para adquirirlas. Para concluir, Victoria Darraidou remata: “La industria de armas en el país es rentable, tuvo un crecimiento en los últimos 7 años del 30 por ciento. La balanza de pagos es favorable a la Argentina en cuanto importaciones y exportaciones”. Incluso pareciera no ser los únicos que sacan provecho de este flagelo: “Hoy el Renar se autogestiona y financia con los fondos que recibe de los mismos armeros”, señala Poretti y en el mismo sentido, Darraidou afirma: “Esto hace que al Renar le convenga que mucha gente tenga armas”.